LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y LA RSE


La Comisión Europea define la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) como un instrumento mediante el que las empresas integran aspectos sociales y ambientales en sus operaciones y en la interacción con sus grupos de interés, de una forma voluntaria, más allá de las exigencias legales. Por lo tanto, la RSE puede entenderse como una contribución empresarial al desarrollo sostenible, con un enfoque de gestión que impulsa la competitividad y cohesión social.

 

De la misma forma la Comisión Europea reconoce que es necesario un enfoque específico para estimular la RSE entre las PYME y que dicho enfoque requiere la cooperación activa de los principales organismos intermediarios y de apoyo a las PYME.

 

En España el Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas (2008) define la responsabilidad social como un conjunto de compromisos de diverso orden económico, social y medioambiental adoptados por las empresas, las organizaciones e instituciones públicas y privadas que constituyen un valor añadido al cumplimiento de sus obligaciones legales, contribuyendo a la vez, al progreso social y económico en el marco de un desarrollo sostenible.

 

En este contexto, el papel de la Administración Pública es el de impulsora o dinamizadora en el conjunto de la sociedad y modelo de referencia en sus ámbitos de responsabilidad. En estas actuaciones, la administración no tiene que actuar desde una situación de poder, sino como catalizadora de la RSE.


Tal y como establece el informe de la Subcomisión parlamentaria sobre Responsabilidad Social Empresarial presentado en 2006, de acuerdo con la tipología de los roles del sector público en el fortalecimiento de la RSC que ofrecen Fox, Ward y Howard en un estudio elaborado para el Banco Mundial serían cuatro las categorías básicas de roles con las que se podrían clasificar las iniciativas en el ámbito de la acción pública en RSE.


En primer lugar, el papel regulador del sector público, mediante el cual se definen los estándares mínimos de la actuación empresarial dentro del marco legal.

 

Por otra parte, el rol facilitador o de apoyo permite estimular la implicación de actores clave en la RSE, a través de la puesta en marcha de formación en RSE, de comunicación, o de difusión de información. Las administraciones públicas pueden establecer políticas que promuevan la de los distintos agentes en este campo.

Importante además es el rol de colaboradora de la administración en RSE, pues los acuerdos estratégicos pueden agrupar y poner en común las capacidades y los logros complementarios de los sectores públicos y privado, y de la sociedad civil. Las administraciones públicas pueden actuar como participantes, como coordinadoras o como  facilitadoras del partenariado.


Por último, el papel del poder público como promotor de la RSE y, en particular, de las iniciativas que la ponen en práctica. Esta promoción puede desarrollarse con diferentes fórmulas que incluirían la difusión pública; el reconocimiento directo de los esfuerzos de organizaciones individuales o consorcios; o el mismo efecto ejemplarizante que tienen las prácticas de gestión del sector público o la incorporación de aspectos sociales en la contratación pública, las denominadas cláusulas sociales, que recoge ya expresamente la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público y que permite influir sobre el mercado y el entorno.


Es por este motivo que, sin dejar de lado a las grandes empresas, es ineludible definir medidas que impulsen la incorporación de la responsabilidad social en las PYMES como motor de cambio empresarial y social, adaptando la gestión responsable a las particularidades de las PYMES a través de programas de acompañamiento que compensen la posible falta de recursos.

 

Como acciones dirigidas a incrementar el número de empresas socialmente responsables y la intensidad de su compromiso, se pueden incluir aquellas destinadas a dar apoyo y asesoramiento a las empresas en el proceso de implantación de la responsabilidad social, tanto interna como externamente, y fomento de la RS en las empresas, mediante el impulso de un marco común territorial para la competitividad responsable y sostenible, poniendo en marcha programas y herramientas de acompañamiento en RS a las empresas e introduciendo en las convocatorias de subvenciones y en los contratos públicos elementos de valoración de la responsabilidad social.

 

Por ello, la Administración dispone de herramientas para impulsar directamente el proceso de implantación de la cultura de la RSE, no siendo exclusivas de ninguna Administración las políticas de apoyo a la RSE. Es más, en la estructura territorial española son perfectamente compatibles las intervenciones públicas de la Administración General del Estado, de las administraciones autonómicas y de las administraciones locales. Pueden producirse incluso sinergias de interés, así determinadas políticas de fomento a la RSE tienen un campo específicamente local.

De hecho, son varias las razones por las que la Administración local impulsa iniciativas de promoción de la Responsabilidad Social Empresarial, entre ellas: la mayor proximidad y conocimiento del territorio, fin de la propia administración local, papel catalizador de las voluntades de los actores del territorio, basado en una cultura de corresponsabilidad.


Podemos considerar, por tanto, que la administración local es una de las más indicadas para liderar y dinamizar la implementación de los principios de la Responsabilidad Social, favoreciendo así un modelo de desarrollo territorial estratégico, permanente, innovador y de calidad, siendo fundamental además trabajar por una Administración pública más responsable socialmente, haciendo hincapié en las medidas en materia de RS que la administración aplicará para promover el comportamiento socialmente responsable dentro de sus propios departamentos, promoviendo actuaciones ejemplares para el resto de organizaciones, empresas y ciudadanía.


Desde la Diputación de Granada se impulsa la introducción de la Responsabilidad Social en las dinámicas locales, promoviendo la creación de empleo y favoreciendo la cohesión territorial y social provincial, a través de diferentes líneas de actuación como el fomento en la introducción de cláusulas sociales en la contratación pública por parte de las entidades locales de la provincia, a través de actuaciones formativas y de la edición de una Guía sobre la Introducción de Cláusulas Sociales en la Contratación Pública, información y comunicación sobre la Responsabilidad Social, editando de forma periódica el Boletín electrónico de Responsabilidad social, a través de la página web de RS y otras medidas de apoyo a la RSE.


Además se ha impulsado la creación de la Red Provincial de Territorios Socialmente Responsables, de la que forman parte una treintena de entidades entre las cuales hay adheridos Ayuntamientos, entidades supramunicipales (Mancomunidades y Consorcios) y agentes sociales y económicos de la provincia de Granada.


Este red parte del concepto de Territorio Socialmente Responsable entendido como un sistema territorial que conjuga el equilibrio entre los aspectos económicos, sociales y ambientales del modo de vida local buscando conseguir una mejor calidad de vida, siendo la empresa uno de los actores sociales fundamentales para su consecución.


A la hora de articular, integrar e implementar distintas estrategias para el desarrollo sostenible de TSR en la provincia, se pretende impulsar un modelo de desarrollo territorial integral, equilibrado y consensuado sensibilizar y crear conciencia acerca de la materia (informar, formar y difundir), contribuir a transversalizar el concepto de Responsabilidad Social en todos los ámbitos y compartir experiencias entre los miembros.

Asimismo Diputación de Granada participa en la Red Nacional de Territorios Socialmente Responsables (RETOS), junto con distintas entidades de ámbito nacional como Diputaciones,  Ayuntamientos, Grupos de Desarrollo Rural, entre otras.

 

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